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Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer

La conmemoración de este 28 de Mayo nos obliga a confrontar nueva vez el panorama poco alentador de la salud sexual y salud reproductiva de las mujeres dominicanas, empeorado por el escaso compromiso de las autoridades estatales frente a una situación que con justicia podría calificarse de crisis.

 

Entre los muchos problemas a destacar se encuentran las elevadas tasas de mortalidad materna y las deficiencias en la calidad de atención implicadas en muchas de ellas; la penalización absoluta del aborto, que además de constituir una horrible violación a los derechos de las mujeres, es responsable del 20% de las muertes maternas; la falta de servicios de salud sexual y reproductiva oportunos y de calidad, en especial para las mujeres jóvenes, incluyendo información y educación sexual, servicios anticonceptivos, y prevención de ITS y VIH/SIDA. El país sigue figurando entre los primeros lugares de la región en lo que respecta a la tasa de embarazos adolescentes y el porcentaje de nacimientos por cesáreas innecesarias, en tanto la falta de registro estadístico adecuado impide la cuantificación de otros problemas graves, como el cáncer de mamas y las infecciones por clamidia y VPH, que alcanzan proporciones epidémicas.

 

 

Además de la baja prioridad y los escasos presupuestos que afectan las políticas públicas en salud sexual y reproductiva, es urgente enfrentar la falta de regulaciones y de sanciones a la negligencia y las malas prácticas médicas, que garantizan el mantenimiento de un clima de impunidad en los establecimientos de salud que mata mujeres.

A pesar de la puesta en marcha del Plan Nacional de Reducción de la Mortalidad Materna, de acuerdo a información preliminar del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica,  en su boletín número 20, al 18 de mayo del 2013, se habían registrado 58 muertes maternas, 10 muertes más que en el 2012 para la misma fecha. Igualmente preocupante es que el Estado se haya declarado incompetente para cumplir con la meta de los Objetivos del Milenio de reducir la mortalidad materna a 37 sobre 100,000 nacidos vivos al 2015, aún cuando la mayoría de estas muertes son evitables.

Pero es que ¿cómo se pueden reducir las muertes maternas sin abordar el tema de la despenalización del aborto? ¿Cómo se van a reducir, si la mayoría de ellas quedan en la impunidad porque no se implementan las sanciones y medidas disciplinarias correspondientes al personal de salud? ¿Cómo se pueden reducir, si no se mejoran la calidad de los servicios y la disponibilidad de insumos necesarios, en especial en los hospitales públicos?

La falta de una adecuada atención a la salud sexual y reproductiva viola los derechos de todas las mujeres, pero afecta con severidad desproporcionada a las mujeres más pobres. Son ellas las que con mayor frecuencia pagan con sus vidas por las deficiencias en las políticas y en los presupuestos públicos, por la impunidad que protege a los médicos negligentes.

Garantizar que las políticas públicas, los programas y servicios orientados a mejorar la salud materna de las adolescentes, tomen en cuenta sus necesidades particulares y respeten sus derechos a la intimidad y a la confidencialidad en base a los parámetros y normativas existentes.

Implementar medidas para mejorar los sistemas de registros e información, de manera que reflejen de forma adecuada y oportuna la situación de la salud reproductiva de las mujeres y se disminuyan los subregistros en los casos de morbimortalidad materna, a los fines de tomar las decisiones y correctivos pertinentes.

Garantizar un financiamiento adecuado a través del presupuesto Nacional asignado al Ministerio de Salud Pública en el cual se identifique una  partida presupuestaria destinada a la maternidad segura, incluyendo la provisión de programas eficaces de nutrición durante el embarazo y el pos parto.

Que el Congreso Nacional a través de las Comisiones de Salud y de Género de ambas Cámaras  en función de su rol de  fiscalización establezca un sistema de seguimiento a las muertes maternas y comparecencia periódica de los responsables para rendir informes.

Garantizar que la legislación nacional que rige la salud reproductiva de las mujeres se base en los más altos estándares de derechos humanos, lo que incluye la despenalización del aborto cuando corre peligro salud y la vida de la mujer y en caso de violación e incesto. Igualmente que se adopte sin dilación la ley marco sobre salud sexual, salud reproductiva y maternidad segura.

Que cese la impunidad y el encubrimiento a los responsables de las muertes maternas.

Que el Ministerio de Salud Publica adopte medidas  estructurales  para mejorar la calidad de los servicios de salud materna.

Que se incluya de manera activa a las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil que realizan trabajo en campo de la salud de las mujeres en todas las acciones de planificación, ejecución y monitoreo del Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna e Infantil 2012-2016.

Es hora de que el Estado asuma con mayor firmeza sus responsabilidades ante la crisis de salud sexual y reproductiva que abate a las mujeres dominicanas. En este 28 de Mayo clamamos: ¡Basta ya de sufrimientos y de muertes innecesarias!

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