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Boletín especial, en ocasión del segundo aniversario de la Constitución dominicana.

La Colectiva Mujer y Salud, en ocasión del segundo aniversario de la Constitución dominicana proclamada el 26 de enero del 2010, resalta un balance de los avances, retrocesos y desafíos que dicho instrumento representa para el país, en relación a los derechos de las mujeres. Con relación a los avances:

En primer lugar, la Constitución de la República Dominicana parte de un preámbulo sustentado en los principios de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz. También se resalta que el respeto a la dignidad humana es el fundamento de la Constitución (Art. 5) y del Estado Social y Democrático de Derecho (Art. 7), constituyéndose en la función esencial del Estado (Art. 8) y la responsabilidad esencial de los poderes públicos (Art. 38). Basadas en este principio, las mujeres podemos abogar por el respeto de innumerables derechos, incluyendo aún aquellos que no han sido reconocidos en nuestro país;

 

Las mujeres hablan que por primera vez una Constitución reconoce la participación y aportes de las mujeres en los procesos históricos del país2, además de que asume un lenguaje de género3;

En virtud del artículo 39 de nuestra Carta Magna, resulta un mandato constitucional para el Estado, el “promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva”, el adoptar “medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la exclusión”(numeral 3), el promover “las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género”(numeral 4), así como, el “promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado”(numeral 5).

Al respecto, cabe señalar que se ha comprobado que cuando las mujeres ocupan puestos políticos y de adopción de decisiones, contribuyen a redefinir las prioridades políticas y a incluir en los programas de gobierno temas que atienden y responden a las preocupaciones en materia de género, los valores y las experiencias de las mujeres, ofreciendo nuevos puntos de vista sobre cuestiones políticas generales4, lo que conlleva por lo general a reforzar la democracia y promover su correcto funcionamiento.

Es por ello que el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer recomendó al Estado dominicano a que “redoble sus esfuerzos y fortalezca las medidas legislativas o de procedimiento que sean necesarias, para asegurar la participación de las mujeres tanto en las estructuras de los partidos políticos como en las esferas política y pública”, considerando inclusive “la adopción de medidas temporales, de conformidad con el artículo 4.1 de la Convención y la recomendación general 25, para acelerar la total participación de mujeres en la vida política y pública y en la toma de decisiones de los órganos de gobierno a todos los niveles”. La lectura de este artículo, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por el país, nos otorga el derecho a las mujeres a participar de manera equilibrada y equitativa en los puestos públicos, incluyendo el tomar medidas especiales para garantizar dicha paridad;

Además de reafirmar la prohibición de la esclavitud en todas sus formas, la servidumbre, la trata y el tráfico de personas, se condena constitucionalmente, la violencia intrafamiliar y de género en los artículos 41 y 42.2 respectivamente, reconociéndose con ello el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;

El Ministerio de la Mujer señala también como un importante paso de avance el reconocimiento dado al cuidado de la familia como una responsabilidad compartida y no exclusiva de la mujer, así como el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado; la igualdad de derechos de los hijos e hijas sin importar bajo qué régimen matrimonial hayan nacido; y la protección de la maternidad por parte del Estado dominicano (Art. 55)7;

Con el largo catalogo de derechos humanos plasmado, incluyendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), a las mujeres se nos abre una puerta ancha para incidir en el reconocimiento y respeto de nuestros derechos, ya sea porque expresamente se encuentren reconocidos en la Constitución o porque se pueden extraer de éstos. En ese sentido, se consagra además, que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado, por lo que se agregan a dicho catalogo de derechos, aquellos Esta es una publicación del Proyecto Ciudadanía Activa de las Mujeres que forma parte de una iniciativa financiada por la UE.

El contenido del boletín es responsabilidad exclusiva de la Colectiva Mujer y Salud y CIPAF y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea. Colectiva Mujer y Salud: Calle José Gabriel García # 501 esquina calle Cambronal, Ciudad Nueva, Santo Domingo. 809-682-3128 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. www.colectivamujerysalud.org que se encuentren expresamente en los tratados de derechos humanos o que hayan sido reconocidos por los órganos encargados de interpretar esos instrumentos, siendo imperativos directamente a todos los poderes públicos y debiendo de aplicarse en caso de conflicto entre derechos, el más favorable a la persona (Art. 74);

Se reconocen nuevas figuras respecto de los derechos de la ciudadanía, estos son el referendo, el plebiscito, la iniciativa popular, legislativa y municipal, que vienen a reforzar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, elemento fundamental de toda democracia moderna;
Finalmente, se consagra la institución del Defensor del Pueblo que puede convertirse en un mecanismo efectivo y valioso para la lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres. A pesar de los avances de nuestra Carta Magna, también encontramos algunos retrocesos para el ejercicio de los derechos de las mujeres:

En materia de nacionalidad, se introduce un elemento discriminatorio contra las dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana, ya que se exige la condición de legalidad para poder adquirir la nacionalidad del lugar de nacimiento (Art. 18. 3), violándose el precedente vinculante establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde expresamente se le dijo al Estado que la condición de ilegalidad no se transfiere a sus hijos8;
Por otro lado, se limitó la acción de inconstitucionalidad de las normas y actos jurídicos, por parte del ciudadano/a al condicionarla a la posesión de “un interés legítimo y jurídicamente protegido” (Art. 185), queriéndose dar a entender que los asuntos constitucionales no son materia de interés de todos y todas, sino que siguen las reglas del derecho civil;
Hay quienes sostienen que se limitó el derecho de acceder a las playas, ríos, lagos y costas del país, al consagrarse que debe respetarse siempre el derecho de propiedad privada (Art. 15); Además, se permite la reducción de nuestras áreas protegidas del país cuando dos terceras partes de las cámaras legislativas así lo aprueben (Art. 16)9;

Finalmente, se plasmó en la Constitución que se protege la vida “desde la concepción hasta la muerte” (art. 37), pretendiendo con ello, que no se permita la interrupción del embarazo bajo ninguna circunstancia. Ahora bien, respondiendo a la interrogante de cuáles son los desafíos que representa nuestra Constitución para la protección y ejercicio de los derechos de las mujeres, nos encontramos con los siguientes:
Obtener más conquistas en materia de igualdad sustantiva, que las mujeres sean parte de las tomas de decisiones, y haciendo de la paridad una realidad exigible jurídicamente;

Erradicar la discriminación de la mujer en la sociedad, pudiendo ellas decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos, acceder a abortos legales y seguros cuando así lo soliciten, donde la carga del cuidado de los hijos e hijas no sea exclusivo de las mujeres y viabilizando la paternidad responsable;
Educación con enfoque de género en todos los ámbitos, incluyendo la educación sexual laica;
Transversalización de la perspectiva de género, vinculado a una estrategia nacional de desarrollo;
Hacer operativas las normas que reconocen el trabajo doméstico remunerado;
Respetar la diversidad e identidad sexual, así como reconocer las familias no tradicionales;
Convertir al Estado dominicano en Estado laico, donde se respeten las religiones de los demás.

“Lo más importante es que la Constitución sea aplicable y exigible, nuestra lucha debe encaminarse a hacer realidad todo lo plasmado en la Constitución dominicana”
Sergia Galván, Directora Ejecutiva Colectiva Mujer y Salud

27 de julio, 2011 1
Redactado por Mayra Cabral Brea, encargada de incidencia del programa Ciudadanía Activa de las Mujeres.


2 Ministerio de la Mujer, La Nueva Constitución Dominicana: Avances y Desafíos para las Mujeres, abril 2010, p. 3. 3 Ibid., p. 2. 4 Organización de las Naciones Unidas (ONU), Plataforma de Acción de Beijin, Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, del 4 al 15 de septiembre de 1995, Beijin, 1995, párr. 182. 5 Ibid., párr. 181. 6 Organización de las Naciones Unidas (ONU), Observaciones Finales al Quinto Informe Periódico de la República Dominicana, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 310 período de sesiones, Nueva York, 2004, párr. 299. 7 Ministerio de la Mujer, op. cit. p. 8. 8 Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr.156.a. “El estatus migratorio de una persona no puede ser condición para el otorgamiento de la nacionalidad por el Estado, ya que su calidad migratoria no puede constituir, de ninguna forma, una justificación para privarla del derecho a la nacionalidad ni del goce y ejercicio de sus derechos; b) el estatus migratorio de una persona no se tras- mite a sus hijos”. 9 Centro de Investigación para la Acción Femenina, “Quehaceres: No al Artículo 30”, año XXIX, número 2, Santo Domingo, República Dominicana, noviembre 2009, p. 16.

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